El 28 de junio de 1966 el presidente argentino por ese entonces, Arturo Illia, fue derrocado por la autodenominada Revolución Argentina que presidió, hasta 1970, el general Juan Carlos Onganía.
El 28 de junio de 2009, exactamente 43 años después, Manuel Zelaya, presidente de Honduras, fue depuesto de su cargo y detenido por las fuerzas armadas del paía centroamericano. Roberto Micheletti, presidente del Congreso y el siguiente en la línea de sucesión presidencial fue investido como presidente interino de la República por el Congreso Nacional.
Pueden ser muchos los desencadenantes de un golpe de estado. Cualquiera de ellos, cabe aclarar, no justifican el accionar de las Fuerzas Armadas y este hecho merece el mayor de los repudios.
Pero no es objeto de este artículo ahondar en cada uno de estos potenciales detonantes. Sino aclarar, en resumidas líneas, un hecho particular que fue causa y efecto en ambas imposiciones anticonstitucionales: la industria farmacéutica.
El 28 de agosto de 1964 fue aprobada (por todos los bloques, salvo por la UDELPA y la Federación de Partidos del Centro) y sancionada en Argentina la Ley número 16.462, también conocida como La Ley de los Medicamentos o Ley Oñativia, en “homenaje” al ministro de salud Arturo Oñativia. Lo que estipulaba esta ley era un control sobre los precios de los medicamentos, congelándolos, fijando límites en los gastos de propagandas, en las regalías (una regalía o royalty es el pago que es efectuado al titular de derechos de autor, patentes, marcas o know-how a cambio del derecho a usarlos o explotarlos, o que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente no renovables) y en la compra de insumos.
La reglamentación de dicha Ley (Decreto 3042/65, mediante) obligaba a las empresas a presentar, através de declaración jurada, un análisis de los costos, y a formalizar todos los contratos de regalías.
Esta ley es promulgada ya que un estudio realizado por una comisión creada por el presidente Illia sobre 300.000 muestras de medicamentos, mostraba que muchos de estos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio superaba en un 1000% el costo de producción.
Partidarios, opositores y observadores imparciales coincidieron en que esta política impulsada por el mandatario argentino, tuvo un peso decisivo en el golpe de estado que terminara con el gobierno de Arturo Illia.
En Honduras, el número de medicamentos provistos por empresas multinacionales de Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala supera el 80%.
Tras el ingreso al ALBA se concretó un acuerdo comercial establecido entre los gobiernos de Cuba y Honduras que incluyó como uno de los principales temas, la importación de medicamentos genéricos desde la isla caribeña como forma de contrarrestar los altos precios de las medicinas que el estado hondureño debe costear para la provisión de sus hospitales públicos.
A comienzos de este año el gobierno hondureño quiso comprar medicamentos genéricos aprovechando los acuerdos que establece el ALBA, pero no contó con un impedimento que le impusieron las transnacionales a través del colegio químico farmacéutico quien argumentó aspectos burocráticos para hacer caer las importaciones provenientes de Cuba a precios accesibles. Según este ente, los intereses del lobby farmacéutico de Estados Unidos y de Europa no permitirían una competencia entre la industria cubana, ni de ninguna otra industria farmacéutica, en el mercado de las medicinas de Honduras.
Otro hecho que desencadenó las acciones de las fuerzas armadas en el país centroamericano, que colmaría la paciencia de los intereses privados transnacionales farmacéuticos se dio el 24 de junio pasado, cuando los presidentes del ALBA “se comprometieron a promover un modelo de apropiación social del conocimiento que permita superar los obstáculos en la producción de bienes fundamentales para la vida, como la alimentación y la salud, y en ese sentido instruyeron al Consejo de Ministros del ALBA a constituir, en un plazo no mayor a 30 días, un grupo de trabajo para la revisión de la doctrina sobre propiedad industrial coordinado por Venezuela”.
Esto aceleró el movimiento desestabilizador.
La industria farmacéutica nuevamente formó parte de los golpes de estado contra gobiernos constitucionales que luchan por su independencia como ocurrió en otros momentos de la historia latinoamericana.
